Comisiones: Gremial
25/11/2009
LO PENDIENTE
 
 
La LES sigue vigente. No es deuda pendiente lo urgente postergado. Es falta de decisión política transformadora, o connivencia con el status quo.
Casi en simultáneo con el cierre del año legislativo y la finalización de las actividades académicas en las universidades argentinas, escuchamos al Ministro de Educación de la Nación expresar que la reforma de la Ley de Educación Superior es aún una “deuda pendiente”. Además de indignar las ansias transformadoras de quienes luchamos por una educación popular y nacional, lo urgente postergado amerita nuestra reflexión.

Amagues de larga data

Si hacemos memoria, ya a fines de 2004 Javier Lorca alertaba en Pagina/12: “La polémica Ley de Educación Superior recibirá varios embates de reforma en lo inmediato”. Sin embargo, nada de lo que Pugliese declaraba, ni siquiera la eliminación del polémico Artículo 50 (las facultades grandes definen su sistema de ingreso) se concretó.

Dos años mas tarde, en diciembre de 2006, según se informaba con el pomposo titulo de “el turno de la Ley de Educación Superior”, el por entonces ministro de educación Daniel Filmus, asumía el “compromiso de que se debata durante todo el 2007 y que a fin de año podamos presentar un proyecto, resultado del consenso de todas las universidades”, cosa que finalmente no sucedió.

En el 2008, fue la misma presidenta quien en la inauguración de las sesiones ordinarias del congreso, anunciara que en ese año se reformularía la tan denostada ley. Transcurrió marzo y los meses posteriores, sin ninguna novedad.

Unos cuantos voceros del oficialismo aseguraron que en el 2009 se concretaría la tan prometida derogación de la LES. Sin ir mas lejos, fue el propio Alberto Sileoni, quien informara, en una reunión de la comisión de Educación del Senado, que a mediados de octubre el gobierno nacional enviaría el borrador de la ley de educación superior al congreso.

Se sigue a la espera.

Pasado seis años de gobiernos kirchneristas, la “legislación que queda pendiente reformular respecto de las perspectivas de la década del 90” como señalara Filmus, sigue vigente.

LO PENDIENTE ES LA DECISIÓN POLÍTICA

Siguiendo la línea de acción de los últimos años, el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, acaba de declarar que la reforma de la Ley de Educación Superior es una “cuenta pendiente”. Ninguna novedad. La frase que data de unos años en el discurso del gobierno, no es sino el reflejo de la falta de decisión política de cambiar de fondo el sistema universitario. Cuestión que se condice con los limites de su proyecto político y tiene como resultante la connivencia con las corporaciones universitarias, acentuada por su limitación -ideológica y luego práctica- de una construcción política transformadora.

La declaración del Ministro, expresada en un acto en donde se conmemoraba los sesenta años de la instauración de la gratuidad de la política universitaria, confirma la vigencia de una legislación que permite el arancelamiento, limita el ingreso, no exige un piso presupuestario para la educación superior, permite el financiamiento externo a las casas de estudio, vende posgrados, y que, fiel a su impronta neoliberal, por múltiples vías mercantiliza la educación.

La posible nueva ley de educación superior se demora en los despachos, asentada en la falta de decisión política de los actores intervinientes en modificar nuestras universidades. Ni el gobierno nacional ni el Consejo Interuniversitario Nacional tienen urgencias serias en eso. No están tan incómodos a como están las cosas.
Si así lo fuere, ya se hubiera iniciado un proceso serio y contundente en esa dirección; o estarían planteando cambios mas profundos que la moderada tendencia de reformas que esbozan los voceros del oficialismo, y que desarrollan los rectores en documentos tan genéricos y superficiales como el conocido consenso de Vaquerías.
Ninguna de estas apunta al corazón de las problemáticas, y apenas si llegan al piso del debate que nuestra misma sociedad ha incorporado. Así, en caso de que nos adentremos a alguna modificación en la legislación universitaria, la misma seguramente no tendrá nada de profunda; se cambiará algo para que nada cambie. Si esto prima, habremos perdido una oportunidad.

Si solo se intenta zafar del costo político que tiene haber prometido modificar la ley menemista y aun no haberlo hecho; o si el ´consenso´ con las corporaciones universitarias que condujeron nuestras universidades por el neoliberalismo sigue siendo el camino elegido, difícil es que el resultante sea un quiebre en la política de educación superior que la lleve a ésta por un camino opuesto, como el que necesitamos.

Las recientes declaraciones de Adriana Puiggros, diputada nacional por el FPV-PJ, de que amén del hipotético futuro cambio de legislación “no se modificarán los estatutos vigentes” no hace más que confirmar el escaso espíritu transformador que prima en el oficialismo.

Lo que está pendiente entonces, es la voluntad política de este gobierno, de transformar profundamente la educación superior argentina.

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